Un estudio de la USFQ revela que el país tiene reglas para reducir los residuos plásticos, pero carece de la infraestructura y de los mecanismos regulatorios para cumplirlas.
Ecuador tiene regulaciones para reducir y gestionar los residuos plásticos. El problema, tras los hallazgos de un estudio realizado por investigadoras de la USFQ, es que esas reglas no indican cómo aplicarse y no existen mecanismos que obliguen a cumplirlas. El resultado es un sistema fragmentado, donde los esfuerzos del gobierno central no se articulan con los gobiernos locales, y la infraestructura para reciclar sigue siendo insuficiente.
Así lo revela el artículo Comprehensive analysis of plastic regulations in Ecuador: Evaluating the path to a circular economy, publicado en octubre de 2025 en la revista Cleaner Production Letters. La investigación fue liderada por las profesoras Valeria Ochoa y Alexandra Velasco, del Colegio de Ciencias e Ingeniería de la USFQ, con la participación de, en ese entonces estudiantes de Ingeniería Ambiental, Mónica Apraez y Camila Flores, entre otras investigadoras.
El estudio nació de un análisis regional sobre el manejo de plásticos en México, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Valeria Ochoa, directora del Aqua Bio Lab de la USFQ y profesora adjunta de la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte, explica que el caso ecuatoriano presentó un patrón común en la región: legislación existente pero desconectada de la realidad operativa.
Las reglas están escritas. La implementación, no.
Uno de los hallazgos centrales del estudio es que las regulaciones sobre plásticos en Ecuador carecen de directrices técnicas concretas. Es decir, la norma puede ordenar reducir el consumo de plástico, pero no establece cómo hacerlo ni qué mecanismos deben activarse para lograrlo. El mandato existe; el camino, no.
A esto se suma la desconexión entre el nivel central y los gobiernos locales. Las políticas nacionales no se traducen en planes de acción municipales, y los municipios, a su vez, no cuentan con guías técnicas para operar sus sistemas de gestión de residuos de manera eficiente.
La infraestructura agrava el problema. Los rellenos sanitarios del país, incluido El Inga en Quito, no disponen de tecnología adecuada para reciclar plásticos de forma eficiente. Reciben los residuos, pero no tienen la capacidad de transformarlos.
Los municipios cobran la tasa — pero no rinden cuentas.
El estudio también identifica una falla estructural en el sistema de control, los gobiernos locales que no gestionan adecuadamente los residuos no enfrentan sanciones. A pesar de que los municipios recaudan una tasa de los ciudadanos por el manejo de la basura, la ausencia de mecanismos de fiscalización hace que el incumplimiento no tenga consecuencias.
Para Valeria Ochoa, investigadora principal, "las regulaciones se quedan en el papel y no indican cómo implementar la reducción de plásticos. Sin sanciones ni control, el sistema no tiene incentivos reales para mejorar."
Lo que sí funciona y por qué no es suficiente.
No todo el panorama es negativo. El estudio también documenta iniciativas que han generado resultados concretos. El impuesto de dos centavos a las botellas plásticas no retornables, vigente desde 2011, ha permitido que mujeres recicladoras recuperen esos envases y obtengan el valor del impuesto como ingreso. Es una política que funciona y que, según Valeria Ochoa, debería servir de modelo para el diseño de nuevas regulaciones.
En esa línea, la investigadora subraya que las recicladoras de base deben ser incorporadas a la formulación de políticas públicas. Son ellas quienes gestionan directamente los residuos en el territorio, y su experiencia es un insumo que el sistema ignora.
También existen iniciativas privadas que recogen plásticos y residuos electrónicos a través de contenedores en supermercados, o que retiran residuos orgánicos directamente de los hogares. Funcionan, pero operan de forma aislada.
Para el equipo investigador, estos esfuerzos deberían escalar a política de Estado, implementados en todo el país, con criterios técnicos y cobertura universal.
Y hay un eslabón que la normativa actual no termina de atender, el cambio de hábitos en la población. La separación de residuos en la fuente, es decir, en los hogares, es la base de cualquier sistema de reciclaje eficiente. Sin ella, la cadena no funciona, independientemente de cuánta infraestructura exista aguas arriba.
La investigación continúa.
El artículo publicado en Cleaner Production Letters ha servido como base para una investigación adicional, un proyecto de prevención de basura marina, con foco en el plástico acumulado en los manglares y playas de Muisne (Esmeraldas) y Salinas (Santa Elena). La lógica es la misma, identificar los problemas con rigor científico para proponer soluciones que puedan convertirse en política pública.
Para el equipo de la USFQ, ese es el rol de la investigación aplicada, no solo describir el problema, sino construir el puente entre el diagnóstico y la acción.
Referencia académica
Ochoa, V., Velasco, A., Apraez, M., Flores, C. et al. (2025). Comprehensive analysis of plastic regulations in Ecuador: Evaluating the path to a circular economy. Cleaner Production Letters.
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