El Colegio de Jurisprudencia (JUR) de la Universidad San Francisco de Quito organizó el foro "El derecho a la eutanasia: perspectivas interdisciplinarias" el martes 12 de marzo de 2024 en el Teatro Casa Blanca. Participaron seis ponentes para abordar el tema desde distintos ámbitos. El primero fue Farith Simon, decano del JUR y uno de los abogados de Paola Roldán, quien interpuso el recurso para la despenalización de la eutanasia en Ecuador y, lamentablemente, ha muerto estos días.
Participaron también Mauricio Maldonado, profesor del JUR, quien habló desde la perspectiva filosófica y del Derecho, Ximena Garzón, decana de la Escuela de Salud Pública de la USFQ y ex ministra de salud, Iván Cevallos, decano de la Escuela de Especialidades Médicas de la USFQ, Viviane Monteiro, profesora del JUR, quien ofreció una interesante perspectiva jurídica y desde la decisión personal, y Ana María Díaz, docente de la Universidad Central del Ecuador, encargada de atención a enfermos incurables en unidades de cuidados intensivos.
El panel se da en el contexto de una histórica decisión tomada por la Corte Constitucional del Ecuador que dio la razón a Paola Roldán a inicios de febrero de este año con lo que se reconoce su derecho a una muerte digna. La decisión de la corte despenaliza la eutanasia activa en Ecuador, pero la somete a determinadas condiciones para su ejecución, asunto que será definido con la reglamentación que debe ser elaborada por la Asamblea Nacional.
En el foro los participantes hicieron precisiones respecto de la eutanasia activa y la pasiva, pero los asuntos más importantes giraron en torno a la libertad del individuo y su derecho a la autonomía, a las implicaciones en el ámbito de la salud pública de la decisión tomada, de la responsabilidad de los médicos y las determinaciones profesionales a la hora de practicar la eutanasia, de los contenidos filosóficos y antecedentes históricos de la eutanasia. Quizá la parte culminante de la jornada fue conocer, en la exposición de la doctora Díaz, encargada de cuidados intensivos, los grandes dilemas humanos a los que están expuestos los familiares de los enfermos en situación grave o terminal, sus cuidadores y médicos y el mismo paciente.
En tanto la doctora Ximena Garzón de la USFQ subrayó el impacto económico que podría tener la aplicación de la eutanasia en nuestro medio para el sistema de salud, el consenso general entre los ponentes apuntó a que se pone en juego el respeto a la autonomía y la determinación personal de un paciente gravemente enfermo.
El decano del Colegio de Jurisprudencia, Farith Simon, uno de los abogados de Paola Roldán, junto con Pablo Encalada y Ramiro Ávila, fue muy expreso a la hora de exponer los hechos que condujeron a la Corte Constitucional a tomar esta decisión y habló de los fundamentos de la demanda. “Nuestra demanda era de inconstitucionalidad condicionada, la decisión de la corte es de constitucionalidad condicionada. Nosotros decíamos: ‘este artículo es inconstitucional si no se lee junto a la posibilidad de las personas de decidir’. Y solicitábamos que un médico acompañe al paciente en la decisión de la eutanasia sin ser penalizado”. Y continúa: “la respuesta de ellos es que el artículo 144 del Código Integral Penal es constitucional”, el referido al homicidio. “No hay cómo decir que no sea legítimo castigar al homicidio, el que mate a otra persona tendrá una pena de 10 a 13 años, pero es constitucional siempre y cuando los médicos por decisión de un paciente de forma libre, informada, inequívoca, o de un familiar del paciente cuando éste no puede expresar la voluntad en las condiciones establecidas, no serán sancionados si se decide la aplicación de la eutanasia”.
Desde enfoques jurídicos, de salud, filosófico e históricos, el foro enfrentó uno de los temas más importantes y controversiales de nuestros días en materia jurídica y de salud, gracias a la iniciativa del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ.
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