Sumado a esto, el régimen de Daniel Ortega-Murillo, que gobierna el país desde hace más de una década, anunció drásticas medidas para hacer frente a la crisis financiera del INSS. Entre ellas, se encontraban la deducción del 5% a la pensión de los jubilados por gastos médicos, el incremento de la aportación de los trabajadores y el incremento del aporte de los empleadores.
El descontento social se genralizó en el país entero, al punto de que estudiantes universitarios de diferentes recintos como la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Agraria (UNA) y la Universidad Politécnica (UPOLI) inician protestas por las medidas decretadas el 17 de abril.
Para contrarrestar esto, la Policía Nacional reprime con brutalidad la protesta y los estudiantes se resguardan en las instalaciones de la UNI y la UPOLI. Adicionalmente, la Policía Nacional se apoyó en la Juventud Sandinista, una fuerza de choque usada por el régimen para agredir, detener e irrumpir en los recintos universitarios y desalojar por la fuerza a los estudiantes. Otra medida utilizada por la Policía Nacional fue el establecimiento de un perímetro en los alrededores de dichos recintos para evitar la población brindará asistencia médica, entregara víveres o cualquier colaboración que ayudara a los universitarios a mantener la protesta.
El día 18 de abril en la ciudad de Managua mientras jóvenes universitarios se resguardaban en en la Universidad Centroamericana fueron atacados por fuerzas policiales y parapoliciales dando como resultado el asesinato de un joven estudiante, lo que desató grandes movilizaciones de solidaridad con los estudiantes.
#Nicaragua - Inaceptable represión de la Policía contra ciudadanxs que intentan protestar pacíficamente en Managua y otros lugares del país. Los medios reportan numerosos arrestos, uso de la fuerza y armas de fuego. @OACNUDH urge al gobierno poner alto inmediaro a la represión.— OACNUDH (@OACNUDH) March 16, 2019
Ha pasado un año desde el inicio de protestas ciudadanas que tuvieron como respuesta la violación de los derechos humanos fundamentales por parte del Estado nicaragüense, como lo han documentado organismos nacionales como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), así como organismos internacionales, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
La #CIDH condena la represión de la Policía Nacional en #Managua y en otros puntos de #Nicaragua. El Estado debe cesar ataque a periodistas y manifestantes que se expresaban hoy pacíficamente por la liberación de presos políticos, y debe dar información sobre detenidos y heridos. pic.twitter.com/y7x9hqNeKI— CIDH (@CIDH) March 16, 2019
Desde entonces la represión sistemática y la violencia ha ido incrementando dejando un saldo de:
- Entre 325 y 550 personas asesinadas, incluyendo más de 25 niñas, niños y adolescentes en edades entre 5 meses y 17 años, según organismos defensores de derechos humanos como CENIDH, CPDH, ANPDH, CIDH, Amnistía Internacional, entre otras.
- Más de 2000 personas detenidas ilegalmente, de las que aún permanecen más de 600 encarceladas o en proceso de juicios y condenas por supuestos delitos ligados al uso de armas, terrorismo y otros imputados por la fiscalía de Nicaragua.
Más de 50 mil personas han tenido que abandonar el país, pedir asilo en Costa Rica, España y Estados Unidos, principalmente. Además de múltiples denuncias de secuestros, desapariciones, torturas, amenazas y agresiones hacia empresarios, sacerdotes y la ciudadanía que ha apoyado la protesta ciudadana y se ha expresado públicamente en contra del gobierno y su constante violación a los Derechos Humanos.
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