La sociedad tiene cuentas pendientes con los discapacitados

El Ecuador cuenta con leyes y ordenanzas que garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, en la práctica aún no existe una igualdad de condiciones en cuanto a movilidad, acceso a educación y oportunidades laborales.

Artículo por Belén Febres Cordero.


Vehículos estacionados sin permiso en entradas de edificios, veredas sin rampas de acceso y conductores del transporte público que no están dispuestos a brindar su servicio son algunos de los inconvenientes de movilidad que las personas con discapacidad deben enfrentar cada vez que salen a la calle. Por ello, existen en el país varias organizaciones que se esfuerzan por disminuir estas dificultades. Una de ellas es Gestión Ecuador. Según la ley, las personas con discapacidad tienen derecho a un descuento del 50% de la tarifa en el transporte público. Sin embargo, explica Diego Herdoíza, vicepresidente de esta institución que tiene como principal objetivo el garantizar el cumplimiento de las normas, solamente alrededor 70% de los taxis registrados en Quito la respetan. “El conflicto radica”, añade, “los choferes escogen a sus pasajeros y esto limita la posibilidad de implementar medidas”.

Por ello, según Marcia Villafuerte, directora de comunicación de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), la cual ha habilitado con rampas de acceso a 150 buses en Quito, Guayaquil y Cuenca, hace falta, además de adecuaciones técnicas, crear conciencia de los derechos de las personas con discapacidad para lograr una equidad de condiciones.

Inserción laboral

Encontrar un empleo también es complicado para estos ciudadanos, a pesar de que la Ley Reformatoria del Código de Trabajo dice que el 4% de los empleados de las empresas públicas y privadas con un mínimo de 25 trabajadores debe tener algún tipo de discapacidad. Según la investigación llevada a cabo por Ecuador Sin Barreras, en la que se visitó a 3.640 empresas privadas a nivel nacional, solamente el 23,5 % cumple con la normativa.

En otras ocasiones las empresas contratan apersonas con discapacidad solamente para no ser sancionadas, pero les pagan un sueldo mensual a cambio de que no asistan. “No quieren hacer las pequeñas adecuaciones físicas necesarias para habilitar el espacio, o no se capacitan para aprender cómo tratar a estas personas”, explica Andrés Michelena, subsecretario de comunicación de la Vicepresidencia.


Hernán Boada, persona con discapacidad visual y presidente de la Sociedad de Ciegos Luis Braille, explica que la actitud asumida por las empresas es perjudicial. “No queremos regalos ni buscamos ser protegidos por un Estado paternalista. Simplemente pretendemos que se nos dé laoportunidad de demostrar nuestras habilidades, ser personas útiles y productivas, capaces de vivir de nuestro esfuerzo”, explica.

Varias organizaciones, tanto públicas como privadas, promueven la inserción a través de capacitaciones a los posibles empleados y charlas de sensibilización a las empresas. Este es uno de los objetivos de la FENEDIF, la cual ha ubicado en el campo laboral a cerca de 5.000 personas, con un promedio de 15 inserciones semanales en la capital. El Servicio de Integración Laboral (SIL), otra unidad con este objetivo, ha insertado a 5.041 personas, mientras que el proyecto Aulas de Gestión Ocupacional de América Latina (AGORA) ha capacitado a 1.450 personas, de las cuales 250 ya han sido insertadas laboralmente en las distintas provincias del país y 25 están haciendo uso de micro emprendimientos agrícolas y pecuarios.

Otra inmensa dificultad es encontrar puestos acordes a su preparación. “Muchas veces, pese aque tengamos un título universitario, nos llaman para ir a limpiar baños aunque y creen que nos están haciendo un favor”, cuenta Luis Cueva, persona con discapacidad visual.

La educación
No todas las personas con discapacidad podrán llegar a obtener un título. Al menos esa es la conclusión a la que se llega tras contemplar que el acceso a la educación también se ve limitado. Según el censo realizado por el INEC en el 2004, existen alrededor 48.872 personas con discapacidad en edad escolar en el Ecuador. “Sin embargo, tenemos matriculados en el país apenas 31.000”, expone Patricia Vera, gerente del Proyecto Modelo de Educación Inclusiva, ejecutado por el Ministerio de Educación desde inicios del 2010. Esta iniciativa tiene como objetivos el perfeccionamiento de los sistemas de atención a las necesidades educativas especiales a través de capacitación a los profesores y del mejoramiento de la infraestructura, del material didáctico y del mobiliario escolar; así como como la creación de nuevas partidas docentes.

Adriena Varhola, creadora de la Fundación Liceo Internacional, con 20 estudiantes y ocho empleados con discapacidad, considera que los aspectos positivos de la inclusión en los planteles educativos son numerosos. “Aprenden que son seres humanos que simplemente tienen otra manera de organizar su espacio vital, pero no pasa de eso. Esta oportunidad representa un enriquecimiento mutuo que no se puede dejar pasar”, manifiesta.


Ecuador sin barreras
La Vicepresidencia, mediante la política Ecuador Sin Barreras, equipa a las personas con discapacidad con ayuda técnica, brinda capacitación para equiparar los estudios y trabaja en la prevención. Para ello, creó la Misión Solidaria Manuela Espejo, con el objetivo saber quiénes son, dónde están y qué necesitan las personas con discapacidad. Durante 487 días visitó 1’286. 331 familias y diagnosticó a 294.166 personas con discapacidad repartidas en las 24 provincias del país. Además, brindó 76.000 ayudas técnicas.

Por otro lado, el Sistema Nacional de Acogida, Misión Joaquín Gallegos Lara, también de la Vicepresidencia, da un bono de 240 dólares a los familiares o amigos cercanos de las personas con discapacidad física o intelectual avanzada que no pueden valerse por sí mismas. Hasta el momento, ha apoyado a más de 2.838 personas.


La indiferencia
Las necesidades de las personas con discapacidad son exactamente las mismas a las de cualquier otro cristiano. La diferencia está en que nosotros tenemos más trabas para acceder a todos los beneficios”, expresa Fuad Terán, persona con discapacidad física, médico y profesor de la Universidad San Francisco de Quito.

Para Villafuerte, estos obstáculos se deben a que “la gente no se pone a pensar en que la discapacidad es democrática. No tiene en cuenta la edad, la capacidad adquisitiva ni la raza de las personas; puede llegar a todos por igual. En la vejez puede ser que no lleguemos a tener una discapacidad, pero sí una gran disminución de nuestras habilidades. Ves menos, caminas más despacio, escuchas no tan claro. Nadie piensa en eso”, concluye.

Este artículo fue publicado en el Periódico Aula Magna de la USFQ de Marzo 2011.

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